Desde Tarija, el ejecutivo regional José Quecaña, frente al proyecto de Ley de redistribución de las regalías, anunció que el Gran Chaco no permitirá la emisión de una normativa ilegal por la Asamblea Departamental; considerando que están vigentes los informes del Servicio Estatal de Autonomías y de la misma entidad legislativa que establecen la inviabilidad e inaplicabilidad de una norma similar.

“El Chaco dará una batalla legal, están vigentes las Leyes nacionales, los Decretos Supremos, los Estatutos, los informes que salieron del órgano rector de autonomías, de los Gobiernos Departamental y Regional, como de las comisiones de la misma Asamblea Departamental que señalan con claridad que esa Ley no va, porque no se podrá aplicar puesto que choca con la normativa vigente”, dijo.

En ese sentido, advirtió que los asambleístas deben proyectar y aprobar Leyes que se puedan aplicar e implementar; pero si irían por el camino de aprobar este proyecto tendrán que enfrentarse al equipo jurídico del Gran Chaco, debido a la comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución o a las Leyes, que tiene sanciones con privación de libertad de entre cinco a diez años.

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Asimismo, la autoridad aclaró que la Asamblea no puede pasar por encima de un Estatuto Autonómico constitucionalizado y, de hacerlo, sería un esfuerzo vano; por esta razón, sugirió elaborar una Ley aplicable en el marco de la autonomía departamental, puesto que las autonomías tiene igual rango ante la Ley y el 45% forma parte del presupuesto de las competencias que tiene la región autónoma.

Por otro lado, el camino del pacto fiscal planteado por algunos asambleístas con el mismo objetivo de redistribuir las regalías tampoco tendría el efecto buscado, debido a que los pactos se deben construir en el marco de cada régimen autonómico. En ese orden, sugirió buscar un pacto fiscal sobre el 100% del presupuesto que percibe el Gobierno Departamental, que es la única vía posible para ese fin.

El equipo jurídico ya conformado estaría  presto a dar una batalla legal frente al grupo de asambleístas que aprobarán el  proyecto de Ley y que, al mismo tiempo, cometerán el mencionado delito; por intentar redistribuir recursos que están dispuestos sobre la base de criterios de población y territorio, al margen de que el Gran Chaco es poseedor de la mayor cantidad de pozos de gas y petróleo.

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