Por José Luis Claros López

El 25 de julio se conmemora en las Universidades Públicas del Sistema de la Universidad Boliviana, el día de la Conquista de la Autonomía Universitaria, un 25 de julio de 1930, es promulgado en Bolivia el “Estatuto sobre Educación Pública” con el propósito de implementar la autonomía universitaria para, “emancipar la educación pública de malsanas influencias políticas y de hacer de ella una función social adecuada a sus propios fines”, en lo que se refiere a la cuestión de la elección del Rector para cada Universidad reconoce al Cogobierno como forma de gobierno para la designación de la máxima autoridad de cada universidad “por una asamblea de profesores y alumnos, delegados de los diferentes Institutos Superiores o Facultades. El número de alumnos será igual al de profesores y la elección se hará por dos tercios de votos de los concurrentes” (Ley de 25 de julio de 1930, Artículo 20, Inciso a), está Ley de 25 de julio de 1930 también reconoce la importancia del movimiento estudiantil al permitirle designar por primera vez a Rector Interino de cada nueva Universidad, “Por esta primera vez el Rector será nombrado, con carácter interino por el Ministerio conforme a indicaciones o ternas de las respectivas Federaciones de Estudiantes” (Ibidem, Artículo 20, Inciso a), cabe señalar que al interior de las Universidades fueron los estudiantes quienes se organizaron primero tanto en Centros de Estudiantes y Federaciones Locales, en 1928 es creada la Federación Universitaria Boliviana (los Docentes recién se organizarían a partir de 1983) que después de la Revolución Nacional de 1952 se cambiaría de nombre por Confederación Universitaria Boliviana; fue a partir de 1928 que los estudiantes organizados a nivel nacional fueron impulsando hasta concretar la conquistar la Autonomía Universitaria expresada en la Ley de 25 de julio de 1930 y después modificar la Constitución Política en lo que se refería entonces al Régimen Universitario.

Este pedido de modificación de la constitución en el que se incluía la cuestión de la autonomía universitaria, el Decreto Ley de 27 de noviembre de 1930 disponía la realización de un Referéndum Popular donde se debía rechazar ó aprobar un total de nueve reformas (el 6 de diciembre de 1930 se incluye una propuesta de décima reforma) a incorporar en la Constitución Política, entre estas propuestas de reforma la Octava Reforma era la que se refería al Régimen Universitario; el 11 de enero de 1931 se desarrolla este Referéndum Popular de acuerdo a los resultados (el Referéndum no se desarrolla en el Beni y en algunos otros distritos del país debido a diversos factores) el Decreto Ley de 23 de febrero de 1931 aprueba de acuerdo a los resultados obtenidos la incorporación inmediata en la Constitución Política de las Reformas propuestas menos de la Reforma Octava que se refiere al Régimen Universitario, sin embargo tanto la Convocatoria a Referéndum Popular como la Reforma de la Constitución dispuesta en la presidencia del General Carlos Blanco Galindo, no fue un acto constitucional ni plenamente participativo. La Constitución vigente (1880) había sido vulnerada por el golpe militar que destituyó a Hernando Siles, en los últimos meses de su gobierno y el mecanismo de la consulta popular no se contemplaba en la Constitución violada. Luego, con los resultados de la consulta se intentó reformar la Constitución vulnerada. Finalmente, el plebiscito constituyó el marco normativo electoral con el que se convocaron a elecciones presidenciales y legislativas (marzo 1931), que ganaron los republicanos genuinos, bajo la candidatura de Daniel Salamanca. No fue hasta la promulgación de la nueva Constitución del 30 de octubre de 1938, bajo la presidencia de Germán Busch B., quien también había asumido la presidencia producto de un golpe de Estado que se incluyen las propuestas de Reforma de 1931.

Esta Constitución, la de 1938, es considerada históricamente como la reforma que sigue a la Constitución de 1880. La Constitución Política de 1938 establece mediante su Artículo 159 “Las Universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus Rectores, personal docente y administrativo, la facción de sus estatutos y planes de estudio, la aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones, la celebración de contratos y obligaciones para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.”; constitucionalmente desde la Constitución Política del Estado de 2009 actualmente consiste: “en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales” (Constitución Política del Estado, 2009, Art. 92 Parágrafo I), la Autonomía Universitaria también es una Autonomía Política, debe recordarse que antes de la Promulgación de la Ley de 25 de Julio de 1930 la designación de Cátedras y Autoridades para las Universidades era más que todo una cuestión de devolución de favores políticos entre los integrantes de cada facción ó partido que ocupaba el Gobierno de la República; en el presente la fuente jurídica directa que regula a las Universidades Públicas Autónomas es inequívocamente la Constitución Política del Estado, el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y el Estatuto Interno (que sólo tiene aplicación para la Universidad que lo emite junto a la demás normativa complementaria) de cada universidad pública.

 (*) El Autor José Luis Claros López, es Director de la Fundación Nemboati, Comunicador Social y Escritor. El presente artículo fue difundido en http://desdeyacuiba.blogspot.com/2017/07/la-columna-de-jose-la-universidad-de.html